LO QUE SE OPINA

La masacre de El Vigia

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Marcos Tarre Briceño
marcostarre@gmail.com
No sabemos que es peor, si el crimen o su circunstancia. Unos muchachos están reunido alrededor de un expendio de venta de perros calientes, en el barrio Carlos Andrés Pérez, sector Brisas de Onia, en El Vigía, Mérida. Una camioneta negra se detiene, bajan tres hombres y sin que medien palabras disparan contra el grupo. El saldo es de ocho muertos. Cuatro menores y los otros cuatro no mayores de 21 años. Cinco de los asesinados eran ex alumnos de la cercana Escuela Técnica de Fe y Alegría, mientras que uno de los menores estudiaba el sexto año. También resultó herido el encargado del negocio. La noticia, que en otro país hubiera estremecido a la sociedad, ni siquiera fue titular de primera página. Simplemente otros asesinados para agregar a la interminable cifra de homicidios, que el año pasado cerró, según parece, en 13.780, superando en un 11 % de incremento al sangriento 2007.

De inmediato se dice que lo autores de la masacre fueron policías. Apenas unos días después, en un alarde de selectiva eficiencia, el ministro del interior informa que el caso ya fue resuelto por las comisiones del CICPC enviadas. Hay cinco detenidos: un inspector jefe de la Disip, tres funcionarios de la policía del estado Mérida y un civil. El motivo de la masacre habría sido el robo de una moto propiedad de un primo del subinspector de Disip. Se consiguieron las armas utilizadas. Los asesinos, además, se equivocaron y dispararon contra estos muchachos que nada tenían que ver con ese hecho y ni siquiera se conocían entre ellos. Simplemente coincidieron en el sitio para comprar unos perros calientes.
Algunas reflexiones ahora sobre la circunstancias. ¿Qué tipo de funcionarios son capaces de asesinar por el robo de una moto a un primo? ¿Qué hay en su mente para que un subinspector de la policía política convoque a agentes de otra institución y cometan esa masacre? ¿Estaban borrachos o drogados? ¿Qué nivel profesional tienen esos policías para ni siquiera investigar si realmente esos jóvenes estaban relacionados con el asunto de la moto? ¿Qué nivel de ética y moral tienen nuestros funcionarios? ¿No conocen barreras ni la diferencia entre el bien y el mal? ¿Conocen la Constitución o su forma de proceder es la barbarie y la ley de la selva? ¿Dentro de qué niveles de impunidad pensaban amparar su horrible crimen para actuar de manera tan burda, sanguinaria y a la vista de todos? ¿Qué pueden ahora decir los jefes de esos policías asesinos? ¿Cómo fueron seleccionados y entrenados esos funcionarios? ¿Se les hizo algún examen psicológico para el ingreso a sus respectivas instituciones? ¿Es el primer crimen que comenten o ya tenían manchas negras o rojas en sus expedientes?

Ya son tantos los terribles casos de homicidios, sicariato o secuestros con funcionarios involucrados que ya no cabe la excusa o justificación de la manzana podrida dentro de una institución sana o la de la excepción a la regla. Nuestro sistema policial está dañado y muy mal. En tiempos de la Conarepol el mismo gobierno definió con pelos y señales lo que era imprescindible hacer para sanear y profesionalizar los cuerpos de seguridad venezolanos. ¿Porqué no se están aplicando esas recomendaciones? Quizás si esas medidas se hubieran comenzado a instrumentar no hubiera ocurrido la horrenda masacre de El Vigía. Este caso debería ser motivo de profunda reflexión para aislar el tema de la inseguridad de la controversia política y comenzar a trabajar todos para sanar nuestro sistema policial.

VIOLENCIA y RESILENCIA
El Nacional, Caracas, domingo 1 de febrero de 2009
http://www.el-nacional.com/

Matar sin armas

Marcos Tarre
marcostarre@gmail.com

¿Hasta qué punto la disponibilidad, acceso y cultura de las armas de fuego incide en los homicidios? No cabe duda que en nuestro país, y en general en América Latina, existe una clara relación entre la facilidad de acceso a las armas y el elevado índice de homicidios. Si se quiere disminuir, es imprescindible controlar las armas y sacar de circulación las ilegales.

Esto traerá efectos inmediatos que se reflejarán en mejorar la situación, pero a largo plazo será necesario complementar con medidas que cambien la cultura, desestructuren la violencia, mejoren el acceso a la justicia, la resolución de conflictos, etcétera.

Lo que indican las estadísticas internacionales es que parecen privar más los factores culturales, legales, educativos, formativos, psicológicos o sociológicos en el índice de homicidios, que la posibilidad de acceso a un arma de fuego. Pero éstas introducen niveles de letalidad tales que cuando están deteriorados los valores de convivencia se producen los efectos catastróficos que padecemos en Venezuela.

Cada país tiene su legislación y cultura en materia de armas de fuego. Algunos prohíben totalmente las armas, otros las controlan o las permiten para actividades de cacería, deportivas o en el campo. Además, las policías, las fuerzas armadas o las empresas privadas poseen armas. En Estados Unidos, donde existe gran flexibilidad sobre la compra, porte o tenencia, se calcula que 66% de la población las posee, y el índice de homicidios es de 5,7 por cada 100.000 habitantes.

En Rusia sucede el extremo opuesto: apenas 4% de la población tiene armas, pero el índice de homicidios es de 20,54% por cada 100.000 habitantes. En algunos países europeos se contradice completamente lo que apreciamos en nuestro continente. Más armas no significan necesariamente muchos asesinatos. Así, en Finlandia, donde existe un culto hacia las armas de fuego, 39% de la población las posee, pero el índice de homicidios apenas es de 1,98 por cada 100.000 habitantes; en Austria, 17% de la población tiene armas y el índice es de 0,80 por cada 100.000 habitantes. En España, el porcentaje de población con armas es de 9% y el índice de homicidios es de 3,35 por 100.000 habitantes. Pero cuando se discriminan los homicidios conseguimos con que sólo 26% de estas muertes se comete con armas de fuego y en 8% de los atracos intervienen armas. El resto de los asesinatos se comete con cuchillos, navajas, armas blancas, martillos, herramientas, bates, cabillas o golpes.

Si tomamos una afirmación de Jesse Chacón cuando fue ministro de Interior y Justicia, en Venezuela existirían 4,5 millones de armas de fuego, lo que quiere decir que tomando en cuenta una población de 27 millones de habitantes 16,7% de las personas están armadas, mientras que nuestro índice de homicidios ronda 58 por 100.000 habitantes y se ubica en el peor resultado del continente.

En Brasil, hace tres años, un sistemático plan de desarme logró una reducción inmediata de 10% en los índices de homicidios, pero se quiso ir más allá y se llevó a referéndum una prohibición total de uso de armas para los civiles: la mayoría de la población votó en contra. Quizás más que intentar eliminar las armas de fuego, lo que deba complementar un buen plan de desarme sea el refuerzo de valores y buscar las vías para desestructurar la violencia a través de la educación, la atención a personas en situación de riesgo, el mejoramiento de la justicia y la atención a las víctimas.

El Nacional, Caracas, domingo 18 de enero de 2009

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Sicariato en Madrid

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Marcos Tarre
marcostarre@gmail.com

El Hospital Universitario 12 de Octubre es un conjunto de grandes edificios de ladrillo, en la avenida Córdoba, al sur de la ciudad de Madrid, España, inaugurado en 1973, al que se le han ido añadiendo pabellones, en donde actualmente trabajan cerca de 7.000 profesionales de la salud. Aloja a 1.300 pacientes en sus habitaciones y sirve de sede a la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense.

La noche del pasado 8 de enero, especialmente fría y con temperatura que rozaba los 6 centígrados, nadie reparó en los dos hombres que subieron pausadamente al piso 5 de la zona de hospitalización. Miraron los números de las habitaciones y se detuvieron frente a la 537. Uno se quedó en el pasillo mientras el otro entró. No pareció sorprenderse el encontrarse con dos camas ocupadas por dos hombres, uno despierto mientras que el otro dormía. Sólo una casi imperceptible duda. El desconocido dio un paso adelante y preguntó: ¿Tú eres Leonidas? El paciente negó con la cabeza y señaló al hombre dormido en la otra cama.
Voltéate y no mires…
Sorprendido, el paciente no entendía qué ocurría, pero cuando el desconocido se abrió la chaqueta y sacó una pistola con un grueso silenciador en el cañón, le obedeció de inmediato, mientras entraba en pánico.
Escuchó el ruido de cuatro suaves detonaciones parecidas al sonido de una cava espumante al descorcharla.
Silencio, pasos que se alejaban, la puerta al cerrarse, otro silencio. Luego, cuando se atrevió a asomarse, entendiendo que para él había pasado el peligro, se encontró con el cuerpo acribillado de su compañero de habitación. El hombre tratando de pedir auxilio, cayó al piso, empujando un carrito con medicinas. Una enfermera que escuchó los ruidos se asomó a la puerta de la habitación.
Aunque la escena parece sacada del guión de una película de bajo presupuesto, ocurrió en realidad. La víctima fue rápidamente identificada como Leonidas Vargas Vargas, colombiano, de 59 años de edad, y conocido como “el Viejo” y también “Paras de Alicate”, uno de los últimos capos de los carteles colombianos de la cocaína, socio de Rodríguez Gacha, alias “el Mexicano”.
El negocio de la droga y el lavado del dinero lo convirtieron en pocos años en uno de los delincuentes más ricos y poderosos del Caquetá. Leonidas Vargas fue detenido en España en el año 2006, en relación con un alijo de cocaína incautado.
En el momento de su detención portaba un pasaporte venezolano falso.
Leonidas Vargas ya había cumplido penas de prisión en Colombia y se dice que, gracias a acuerdos con la Fiscalía, pudo gozar de privilegios y obtener la libertad en pocos años, a pesar de una acusación de conspiración para asesinar al candidato presidencial Horacio Zerpa. Los arreglos de Vargas con la justicia colombiana no le agradaron a sus antiguos socios y ya habían intentado asesinarlo en la cárcel de La Picota.
En España sus abogados consiguieron que le otorgaran libertad bajo fianza, pero unas dolencias cardiovasculares le llevaron a internarse en el Hospital 12 de octubre, sin custodia privada o policial, en donde le alcanzó el largo y vengativo brazo de los sicarios de las mafias, para sorpresa y consternación de los españoles, en donde “estas cosas” no suelen ocurrir.
Sicarios, pistola con silenciador, pasaporte falso, un ajuste de cuentas a kilómetros de distancia… Estos elementos demuestran lo crudo, sanguinario y globalizado que resulta el negocio del tráfico de drogas.
Mucho dinero y lujos, pero la cárcel o la muerte a la vuelta de la esquina.

Diario El Nacional, domingo 11 de enero de 2009
http://www.el-nacional.com/

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México

Cultura del crimen

Alberto J. Olvera

La venta de protección, el chantaje, el secuestro, el monopolio de la piratería y el narcomenudeo, entre otras formas de delincuencia organizada, se han vuelto práctica común y parte de la vida cotidiana de millones de mexicanos, de norte a sur y de oriente a poniente de la República Mexicana. Veracruz vive de lleno esta terrible experiencia, sin que sus autoridades lo reconozcan y sin que se tomen medidas adecuadas a la magnitud del desastre social que hoy lastra la vida pública.

Empresarios medianos y grandes de todas las regiones de Veracruz están sufriendo secuestros exprés y tradicionales en cantidades crecientes. Algunos se han ido del estado, y familias de ganaderos se han mudado a ciudades lejanas de sus pueblos. Se han vuelto moneda frecuente los chantajes y amenazas, ligados a la venta de protección a los negocios de los empresarios.

De manera preocupante este proceso baja la escala social y afecta a pequeños comerciantes y proveedores de servicios, muchos de los cuales no pueden pagar los cobros que los delincuentes les asignan. Consecuentemente, cierran sus negocios o enfrentan la amenaza de que éstos sean atacados, lo cual ha sucedido con frecuencia, incluyendo incendios y balazos.

Grupos de hombres armados amenazan en todo el estado, sistemáticamente, a los vendedores de discos y películas pirata, obligándolos a comprar el material sólo a ellos mismos, lo cual se ha traducido en un aumento del precio de todos sus productos. Dos líderes de comerciantes ambulantes, uno de Xalapa y otro de Minatitlán, fueron asesinados en septiembre pasado porque denunciaron públicamente que Los Zetas les exigían el pago de dinero para poder seguir desarrollando su actividad.

El incremento exponencial del narcomenudeo ha traído consigo un incremento de la violencia y de la delincuencia común en los barrios populares. Pequeñas tiendas y muchos otros negocios operan como fachadas de la venta de droga. Los microdistribuidores que se atrasan en los pagos ven sus negocios quemados o son directamente asesinados. Es tal la desfachatez de los delincuentes que en varias ciudades del estado se han presentado en antros y restaurantes de diversa calidad y tipo, cerrando momentáneamente los establecimientos en lo que cenan o se embriagan, quitándoles a los presentes sus celulares para evitar que los denuncien.

Es tan alarmante la guerra interna de los cárteles de la droga y tan aparatosa la guerra que el Estado libra contra ellos que la diversificación y consolidación de nuevas formas de la delincuencia organizada y la relación de este proceso con el narco pasan relativamente inadvertidas en el espacio público nacional. Cuenta también en esta ceguera colectiva el peso mediático nacional de los secuestros de alto impacto y el poder económico, simbólico y político de las élites económicas y sociales que se ven afectadas por los secuestros, quienes han logrado hegemonizar la agenda de la inseguridad pública y acotarla a sus intereses y demandas.

Además, contribuye mucho a esta invisibilidad, al menos en el caso de Veracruz, la decisión del gobierno estatal de ocultar los hechos, en la creencia de que su publicitación nacional afecta la imagen del gobernador. Lo mismo sucede en la mayoría de los estados del país. Dado que los gobernadores y en algunos casos los presidentes municipales manipulan a los medios de comunicación locales, ha sido relativamente fácil para ellos controlar los posibles “daños mediáticos”. Los medios nacionales, con contadas excepciones, no se interesan en los fenómenos locales a menos que produzcan noticias sensacionalistas. Los gobernadores compran también la buena voluntad de las televisoras a través de generosos subsidios y “donativos”.

La nueva cara de la delincuencia organizada no se explica por la mera omisión del estado, si bien ésta es innegable e intolerable. Numerosos factores intervienen en este fenómeno, lo cual explica la dificultad de su solución. Mencionemos uno hoy olvidado: la cultura y la práctica de la ilegalidad como forma normal de conducir los negocios privados y las relaciones entre el gobierno y los empresarios. La cultura de la ilegalidad implica la ausencia de estándares de moralidad pública compartidos. Esa es la peor herencia del viejo régimen: la ficción legal como regla, la simulación como norma, la corrupción como mecanismo operativo. No puede haber ambiente más propicio al delito que la ausencia de un estado de derecho y de un piso de moralidad compartida.

La delincuencia organizada ha apuntado primero a los eslabones más débiles de este sistema: empresarios que no pueden recurrir a la policía por tener cola que les pisen; el comercio informal; los políticos ambiciosos que necesitan financiamiento para hacer carrera; los policías corruptos; los empresarios endeudados que para sobrevivir ayudan a lavar dinero. La tolerancia social a la corrupción y a la ilegalidad ofrece un manto de protección cultural a la delincuencia, mientras la debilidad de las instituciones crea un enorme espacio social para que ésta opere.

La alarma ante la expansión nacional de la delincuencia organizada debe dar paso a un cambio cultural: la exigencia de la legalidad, la intolerancia a la corrupción, el rechazo a los negocios dudosos, la denuncia del chantaje en todas sus formas. El miedo paralizante que hoy corroe a la sociedad favorece a la delincuencia, y la negación absurda de la realidad por parte de los gobiernos estatales impide el debate público del problema y la formación de movimientos cívicos que propulsen el cambio cultural y obliguen al gobierno y al Poder Judicial a actuar conforme a la ley.

Sociólogo
El Universal, Distrito Federal, México, 09 de enero de 2009
http://www.eluniversal.com.mx/

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México

Los 4 Méxicos

Ricardo Raphael

Un día sí y otro también se reclama a los gobernantes, jueces, soldados, policías y fiscales que sean tan ineficaces para frenar la violencia, que se hayan dejado corromper por las mafias, que no cuenten con funcionarios profesionales para asegurar el ejercicio de la ley; en fin, que por su responsabilidad el Estado haya sido suplantado por redes privadas dedicadas al crimen, el secuestro y la extorsión.

Todas son recriminaciones válidas. Cuando el poder público no es capaz de asegurarle a sus ciudadanos una existencia social pacífica, se está en presencia de un Estado fallido, o peor aún, de un Estado depredador.

Sin embargo, habría de reconocerse también que estas graves circunstancias son sólo una parte de la ecuación a la hora de explicar lo que hoy se vive en México. Junto al Estado fallido hay una gran parte de la sociedad que participa cotidianamente como cómplice de la ilegalidad.

Lamentablemente son demasiados los mexicanos que han optado por dedicarse a un oficio ubicado fuera de la ley. La lista es larga: jóvenes narcomenudistas, veteranos traficantes, pistoleros a sueldo, lavadores de dinero, negociantes de armas, tratantes de personas, fabricantes de pornografía infantil, entre otras detestables especies.

Cada uno se otorga razones muchas para justificar su conducta. Alguno razonará que las actividades ilícitas ofrecen oportunidades económicas inobjetables en un país donde la pobreza abunda.

Otros se presentan ante sus comunidades como una suerte de bandido social post-moderno que le vende drogas a los ricos estadounidenses para luego construir escuelas, iglesias y hospitales en sus poblaciones.

Los sicarios han disfrazado de heroicidad y supuesto vigor masculino su actividad criminal. Son ellos quienes pagan fortunas para que famosos grupos musicales compongan corridos donde se celebren sus atrocidades, o los que mandan colgar cínicas mantas publicitarias que luego los medios de comunicación reproducen sin recato para volverlas del conocimiento masivo.

Según las Fuerzas Armadas, cerca de medio millón de mexicanos participan directamente en las redes y negocios del crimen organizado.

Un segundo México es el de quienes, conciente o inconscientemente, se han vuelto cómplices de los anteriores. Son los que limpian su dinero sucio, los que rentan propiedades sin exigir referencias, quienes guardan silencio frente al delito. Forman también parte de este grupo quienes se mantienen indiferentes o los que se han permitido caer en un pasmoso estado de negación.

El tercer grupo de mexicanos está compuesto por las élites -del poder y de los dineros- que han encontrado en esta desafortunada situación un formidable negocio. Se trata de los altos funcionarios públicos convertidos en padrinos de la mafia, de los gobernadores, de los presidentes municipales, de los policías y los militares, que cobran en ambos bandos. Junto a esta poderosa élite se encuentran los criminales de cuello blanco: financieros, contadores y abogados que igualmente son lo peor de la progenie.

Por último aparece el cuarto México, cuyo rasgo común es que detesta a los tres anteriores. Ahí se ubican los mexicanos que no han renunciado a construir un país donde la vida buena sea posible, donde su existencia y sus posesiones estén a salvo de los abusos y la brutalidad, donde la dignidad de las personas sea relevante.

Estos cuatro Méxicos, el criminal, el cómplice, el corrupto y el de la dignidad, conviven todos los días en el mismo territorio. La prevalencia futura de cada uno dependerá del número de individuos que convoquen y también de la inteligencia y recursos con los que cuenten para apropiarse del Estado.

En los tiempos que vienen, aún más difícil que exigirle al poder público cumplir con su misión civilizatoria, será asegurarse de que el cuarto México triunfe sobre los otros tres.

Analista político
El Universal, Distrito Federal, México, 08 de enero de 2009
http://www.eluniversal.com.mx/
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