CASOS

“Nos costó creer que ellas lo mataron”

Hijos del dueño del diario La Nueva Prensa esperan que se esclarezca la verdad

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Nadie se explicaba la muerte de Rubén Gamarra, hasta que las investigaciones revelaron que fue un homicidio (Cortesía)

Laura Dávila Truelo

La mañana de su muerte, Rubén Gamarra Sobenes sólo tomó de desayuno: medio sándwich y un jugo que le sirvió una empleada de confianza en su casa en Puerto Ordaz. Como hacía a diario se fue a las oficinas de su empresa LA PRENSA DE GUAYANA y se reunió con su gente. Sólo una taza café fue lo último que tomó, media hora después murió de un infarto en la puerta de otra de sus empresas. Aquella taza nunca fue hallada. Ese 17 de noviembre de 2008 la puerta de la constructora se abrió para que Gamarra cayera sobre un sofá, para cuando lo llevaron a la clínica que está al cruzar la calle, ya había muerto.

A sus 55 años todos consideraban que Rubén Gamarra era el mayor productor que sus empresas podían tener. Tenía las relaciones y el talento para sacar adelante el grupo de Empresas RG y, además, para dirigir la sede Fedecámaras en Bolívar, no lo veían como propenso a un infarto y por eso fue que su muerte sorprendió tanto.
Algunos de sus amigos llegaron al lugar, pero en especial a uno de ellos le llamó la atención el estado en el que Gamarra había quedado tras el infarto: su piel se veía morada y estaba muy hinchado. Pensando en el asunto llamó al jefe del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y le explicó lo que ocurría. Coincidieron en que se debía abrir una investigación y el primer paso debería ser hacer una autopsia.

En las empresas de Gamarra la noticia de su muerte llegó sorprendiendo a todos. Había un gran revuelo, en especial en el diario de donde partió antes de morir. Aún así cuentan que su asistente, Solángel Álvarez, quien tenía más de diez años con él, se ocupó con celo de ordenar que la jarra y la taza del café fueran lavadas, pero quien ejecutó la orden nunca encontró la taza.

Los cuatro hijos mayores de Gamarra no estaban en Puerto Ordaz, pues cada uno laboraba en sus trabajos en las empresas de su papá, pero fuera de Puerto Ordaz. La esposa de Gamarra, Jalousie Fondacci de Gamarra, estaba en Perú con sus dos hijas pequeñas cuando ocurrió la muerte. Su primera orden se la dio a la asistente de su esposo, quien es su comadre y amiga: dio instrucciones acerca de la ropa que su compañero usaría en el sepelio; ordenó que el ataúd permaneciera cerrado y que se tramitara la cremación.
Sus hijos Claudia, Rita, Mauricio y Daniel dicen que quizás hayan visto algunas cosas que les parecieron curiosas a la llegada de la esposa de su papá, pero en medio de lo que estaban pasando no atendieron al asunto.

Al parecer al patólogo que practicó la autopsia le pareció extraño que los órganos habían colapsado, así que tomó muestras de tejidos que fueron enviadas a la morgue de Bello Monte. Dos días después de la muerte en la Sala Crematoria del Parque Cementerio “Jardines del Orinoco” se concretaba la cremación cuando una comisión del Cicpc llegaba a paralizar el procedimiento, pues las pruebas demostraban que el infarto de Gamarra fue ocasionado por un envenenamiento. Fuentes policiales han revelado que se trató de veneno para ratas.

En los días siguientes la viuda tomó posesión de las empresas y comenzó a regentar el negocio, en ese tiempo, según relatan los hijos de Gamarra, nunca se ocupó de reclamar el cuerpo de su esposo para enterrarle.
La sorpresa Tras las investigaciones de una comisión nacional del Cicpc el 12 de diciembre pasado, y a solicitud de la Fiscalía, la juez tercero, Cucú Capote, ordenó la captura de Solángel Álvarez y de la viuda de Gamarra, pues las pruebas muestran la participación de ambas en el homicidio.

Álvarez fue detenida y se le imputó homicidio por envenenamiento, pero ella no se ha declarado ni culpable ni inocente, tan sólo se acogió al precepto constitucional. Cuando los funcionarios llegaron a la casa de la viuda para detenerla, ésta ya se había marchado con sus dos hijas y en su lugar consiguieron a su abogado. Los hijos de Gamarra dicen les parece curioso que el fiscal primero de la región, Robert Mujica, quien se inició en el caso, es sobrino del abogado José Rafael Malavé, quien ahora es abogado de la defensa. El equipo que defiende a la asistente está integrado por tres reconocidos abogados de Guayana, lo que llama la atención de la familia que sabe que ella tiene un salario de apenas BsF 1.800 mensuales. Además se dice que en la comisaría de Vizcaíno, donde está recluida, ella tiene muchos privilegios.

La familia cuenta que Álvarez llegó a trabajar con el empresario avalada por la esposa de éste, con quien tenía una estrecha relación de amistad.
Fuentes policiales aseguran que la evidencia contra Álvarez es sustentable, pues, incluso, en su casa se encontró veneno del mismo tipo que se usó para matar a Gamarra. Pero a la familia le duele aún más la sorpresa de que la mujer que estuvo 14 años con su papá, que le dio dos hijas, y con quien compartían en los encuentros familiares, pueda ser la autora intelectual de su muerte: “Nos costó creer que ellas lo mataron. Y si su esposa no tiene nada que ver, que se ponga a derecho. No hemos señalado a nadie, lo que se sabe es por la investigación”.

Además explican que quien ahora es el abogado de la defensa trabajó en vida para Gamarra: “Y ahora defiende a la mujer señalada de matarlo y se ocupa de difamar a la familia”, señalan los hijos.
El 29 de enero la Fiscalía presentó el acto conclusivo contra Álvarez y están a la espera de la audiencia preliminar. La familia cuenta que la esposa de Gamarra, aunque está solicitada hasta por Interpol, sigue manejando las empresas, y al parecer ha dicho que tiene los recursos económicos para salir de esto. Por ahora la viuda se mantiene en fuga con sus dos hijas. Los hermanos aseguran que hay propiedades que ellos no conocen, donde ella podría estar.

El Universa, domingo 8 de febrero de 2009

La muerte le llegó siendo un héroe

Familiares de José Luis Bogado dijeron que no descansarán hasta hacer justicia

Deivis Ramírez Miranda
DRAMIREZ@ELUNIVERSAL.COM

Caracas.-No hay explicación convincente de cómo José Luis Bogado, de 32 años, encontró la muerte durante su acto heroico. Más sí la hay cuando la familia, aún sumida en el llanto, detalla cómo los efectivos de la Policía Metropolitana lo asesinaron, al confundirlo con un violador en el barrio Zamora de La Vega, el pasado 21 de enero.

Una madre con sed de justicia, apoyada por los residentes de la localidad, ha iniciado una lucha para lograr que aquellos efectivos que le arrebataron a su hijo estén tras las rejas.

Todavía recuerda aquel fatídico día, donde tuvo que trasladar el cadáver de su hijo desde la emergencia del hospital de Coche hasta la morgue. La rabia aún la consume, con sólo recordar que la última vez que habló con él fue minutos antes de que saliera en defensa de una joven mujer que estaba siendo abusada sexualmente por un aberrado, cerca de su residencia.
“Yo luché para que no mataran a mi hijo, pero no pude hacer más nada. Los policías me dispararon varias veces para que yo no me acercara a defenderlo. Prefería morir yo asesinada que ver a mi muchacho sufriendo”, dijo Xiomara Arteaga con lágrimas en el rostro.

“No olviden a Guichi” José Luis nació y creció en el barrio Zamora. Todos los vecinos aseguran que era un joven tranquilo y colaborador. Casi ni hablaba. Era el segundo de siete hermanos. Desde hace más de un año se dedicaba a trabajar como mototaxista, pero lo hacía en la comunidad, pues la inseguridad galopante así lo obligaba.

En su último día de vida, realizó dos traslados desde tempranas horas de la mañana. A las 6:50 minutos llevó a una vecina para su trabajo, luego regresó al barrio y trasladó a otra. Cuando faltaban diez minutos para las 8:00, decidió montar en su moto Empire roja a su pequeño hijo y su sobrino para llevarlos a la escuela. Allí se despidió de ellos y regresó a su inmueble. Conversó poco con su madre y tomó café. Luego, un poco azorado, como explicó la progenitora, comió un plato de pasta con pollo y salió. No dijo para dónde, pero un fuerte presentimiento se apoderó de ella. Mientras lavaba el plato, un vecino entró a la casa y le dijo: “Xiomara, le dispararon a Guichi”.
El desespero fluyó y salió corriendo a ver qué pasaba. No pudo llegar al sitio donde José Luis pedía clemencia tirado en el piso, pues un contingente de policías le exigió que se mantuviera alejada.

A ella no le importó la ley, sólo quería ver a su hijo. Un disparo que hizo un uniformado la paralizó momentáneamente; sin embargo, continuó gritando que la dejaran pasar.
Los efectivos, sin vacilar en su acción, detonaron sus armas para controlar al grupo de vecinos y familiares que pedían a gritos que depusieran su acción pues se trataba del hombre equivocado. José Luis se mantuvo allí, paralizado por las dos heridas que recibió: una en la espalda y otra en la pierna derecha. Sólo atinó a decirle a una vecina: “Fina, no dejes que me maten”. Sus súplicas eran intensas, pero los funcionarios estaban convencidos de que él era el violador.

Malherido y con la sangre expuesta en su ropa, un policía lo cargó para trasladarlo hasta el hospital de Coche. Los deudos y algunos conocidos se dirigieron al nosocomio. Guichi fue trasladado a bordo de una moto, en medio de dos efectivos de la PM. Extrañamente, y para sorpresa de los familiares, José Luis había muerto, y no sólo por las dos heridas que recibió estando en su barrio, sino que presentó dos balazos más en el abdomen.

“Yo estaba destrozada cuando lo vi muerto en esa camilla, pero no podía hacer más. Me despedí de él y lo abracé, le cerré los ojos y le dije: hijo mío te mataron”, comentó la madre visiblemente destrozada y con un rostro demacrado.
El dolor se hizo colectivo y la joven que fue víctima del aberrado llegó al hospital en compañía de varios efectivos de la PM para reconocer al desalmado que le causó tanto daño.

Su sorpresa fue mayúscula al ver que en la camilla estaba aquel joven que conoció en el barrio y que intentó salvarla de las garras del delincuente. “Ese no es, él es Guichi”, dijo la joven delante de los funcionarios, quienes insistieron en que sí era el violador para no admitir su garrafal error.

Ya no había vuelta atrás, sólo iniciar una lucha diaria para hacer justicia.
Luego de darle cristiana sepultura a Guichi, la protesta se hizo sentir en la comunidad. Quienes aún no podían creer semejante hecho se unieron para exigir la detención de los policías que enlutaron a la familia. En una acción mañanera y planificada, un grupo de vecinos acompañó a los deudos hasta la avenida Intercomunal de El Valle, donde protagonizaron una manifestación. Allí, enardecidos, interrumpieron el tráfico por más de dos horas para hacerse escuchar.

Pese a que querían respuestas clave del director de la PM, comisario Carlos Meza, éste les indicó que en el acta policial se había determinado un enfrentamiento, pero que se investigaría a fondo el caso y, si es necesario, de resultar culpables los funcionarios pagarían por el crimen cometido.

Marcados por la impunidad Xiomara Arteaga manifestó que su familia está marcada por la impunidad, por lo que aseguró que lucharán para que se haga justicia por el asesinato de su hijo. “Su nombre debe estar limpio, porque él no era ningún malandro”, dijo.
Contó, además, que le ha tocado enterrar a dos de sus hermanos y a su hijo. Ello, producto de los hechos de violencia.

Hace 23 años, un efectivo del Cicpc -antigua PTJ- ultimó a uno de sus hermanos en la calle 9 de Los Jardines de El Valle. El hecho ocurrió la noche del 25 de diciembre de 1985. No hubo Navidad feliz, pues era el primer caso de muerte que trastocó a la familia.
Siete años después, el dolor regresó cuando otro de sus hermanos fue asesinado. “Este dolor nos marcó las vidas a todos. Hasta mi madre se siente impotente por tantos crímenes”, dijo.

El Universal, Caracas, domingo 1 de febrero de 2009
http://www.eluniversal.com/

 

A balazos en Barinas

Más de 380 asesinatos se han producido en ese estado llanero en lo que va de año 2008. Secuestros, extorsión, sicariato y homicidios son las plagas que azotan a la región aunque la policía esté en la calle.
Oscar Medina
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A una mafia vinculada con el sindicato de la construcción y con conexiones en el poder político se atribuye buena parte de la cuota semanal de muertos. El 1 de octubre, en plena urbanización Alto Barinas y muy cerca de donde suele haber un puesto de control policial, el auto en el que viajaban Dixon Montilla y Daniel Lobo fue atacado a tiros. La suerte, sin embargo, les favoreció y no entraron a la estadística del mes. Fotografía: Gustavo Bandres

Caracas, Distrito Capital.-Es una tradición macabra: las páginas de sucesos de los diarios barineses suelen incluir crudas fotos de los muertos del día. Si el fotógrafo llega a tiempo, ahí estará la imagen del hombre con el orificio de entrada de bala. Si no, la última instantánea será en la camilla antes de ingresar a la morgue: un primer plano perturbador.

En lo que va de año (2008) ha habido trabajo de sobra: 378 homicidios registra el estado Barinas hasta el 30 de septiembre, frente a 317 ocurridos durante 2007.
Sólo en septiembre mataron a 41 personas: una menos que en agosto. El mes de menor incidencia resulta ser -de momento- abril, con 34. Y los de mayor, enero y junio cada uno con 53.

Las cifras, claro, son extraoficiales: una sumatoria de los casos reseñados por periodistas locales (La Prensa de Barinas) a la que hay que hacer otra precisión: de los 378 asesinatos del año en curso, 18 sucedieron en el Internado Judicial de Barinas. Y la de 2007 incluye 23 víctimas dentro del mismo recinto carcelario.

La estadística oficial forma parte de los misterios del llano. Pero los muertos no se pueden ocultar y los políticos, analistas y opinadores que tratan el tema de la inseguridad manejan estimados muy cercanos a los números que dan los periódicos. Agentes policiales calculan, desde el anonimato, más de 300 personas asesinadas y otros, del Cicpc, apuntan que serían 400: “Cuando los matan cerca de Táchira, por ejemplo, los casos pasan a esa jurisdicción, no se toman por Barinas”.
El Observatorio Venezolano de Violencia situó la tasa de homicidios de Barinas el año pasado en 46 por cada 100 mil habitantes. En 1999 era de 9 por cada 100 mil.

En todo caso, el contador se activa a diario. Los primeros tres días de octubre aportaron su cuota: 4 homicidios más para la cuenta. El registro, para una población aproximada de 600 mil habitantes, luce elevado.

La inseguridad y las elecciones del 23 de noviembre son los temas que parecen captar la atención de los barineses. Y sobre el primero, es mucho lo que entra en consideración: secuestros, extorsión, sicariato y homicidios plenan la agenda y las preocupaciones locales.
Hasta septiembre se contaban 19 secuestros denunciados. Y ocho de ellos sucedieron, justamente, el mes pasado cuando se produjo el terrible desenlace del plagio de Juan Martín, comerciante de origen español: su cuerpo apareció mutilado y quemado después de que se pagaran 300 mil bolívares fuertes por su rescate.

Pero es la extorsión -y su consecuente cadena de asesinatos- el azote más singular: no hay constructor o actividad ligada al sector que escape a los largos e impunes tentáculos de una mafia extorsionadora -que arregla sus diferencias a balazos- vinculada al sindicato local de la construcción y hasta a figuras de la política regional.
El asunto es de no creer: en agosto la Guardia Nacional y la policía del estado tuvieron que empezar a custodiar las obras impulsadas por el Gobierno en la ciudad de Barinas para defender a los contratistas y a los camioneros (volqueteros) de los extorsionadores. Y hay ejemplos, como Vialpa Mall, un gran centro comercial en la zona de Alto Barinas -en la capital- cuyos promotores prefirieron congelar el proyecto antes que seguir siendo víctimas de esta banda.

Vacuna sangrienta “Si no informo, desinformo”, esgrime el comandante de la policía del estado Barinas, coronel (GN) José Ramón Rivas Rojas, para explicar su política de puertas abiertas a la prensa. Este uniformado ocupa el despacho desde hace nueve meses y hoy, al cierre de septiembre, muestra orgulloso los resultados preliminares de la ejecución del Plan Barinas Segura.

Según Rivas Rojas toda esta alharaca con la inseguridad tiene que ver con agendas mediáticas: “El número de homicidios no se ha elevado. Hay 32 en lo que va de mes, pero sólo 4 casos corresponden a personas que no estuvieron involucradas en ajustes de cuentas entre bandas o en enfrentamientos con la policía”.
El análisis del comandante le permite concluir que dentro de la compleja evolución del crimen (aumento de la población, aumento del consumo, crecimiento económico, pérdida de valores morales en el seno familiar, consumo de drogas, y precarias condiciones en los barrios más pobres), en el caso de Barinas la mayoría de los homicidios se producen por las luchas intestinas entre bandas de delincuentes y por antisociales dados de baja en encuentros con agentes de la ley.

El número de asesinatos a manos del hampa, apenas ocupa el quinto lugar del ranking de motivos. Y la estadística del primer mes de aplicación del plan en la ciudad le resulta alentadora: comparado con agosto, los homicidios en septiembre habrían bajado de 25 a 16; los robos de 37 a 32; el robo de automóviles de 41 a 24, aunque el secuestro tuvo un aumento al pasar de 2 a 5 casos.
“El problema es que están incorporando a la cifra de homicidios los enfrentamientos entre bandas”, insiste el comandante. Y cita un ejemplo de lo que no debería contabilizarse: “Aquí opera una banda en el sector de la construcción. Hay mucho dinero, mucha ejecución de obras y hay una organización pseudosindical que practica la extorsión. Hoy hubo dos heridos de bala que venían de extorsionar a unas personas…”.

Rivas Rojas reconoce que sabe lo que muchos aquí saben: los nombres de quienes supuestamente mueven los hilos de esa organización: “Pero es que las personas no están denunciando la extorsión y así me lo ponen más difícil para investigar. No hay denuncias, sólo opiniones”.
Esta actividad, que incluye el cobro de vacunas, es la que explica los numerosos incidentes de sangre entre miembros de bandas. Es lo que asegura Rivas Rojas: que no son los narcotraficantes quienes se pelean por territorios, que aquí ese negocio no es de envergadura suficiente: “Ha sido más bien producto del dinero de la extorsión”.

Todos en riesgo Jesús González Cazorla tiene una visión diferente. Este teniente coronel retirado de la GN fue ex comandante de la guarnición militar de Barinas y jefe del Comando Unificado Policial entre 1989 y 1991. Se le tiene como el especialista local en materia de seguridad: “En 1990 sólo hubo un crimen violento en el estado. Eso da una idea de la paz que se vivía aquí”. Aquellos tiempos idos.
Su lista de factores que llevaron al desarrollo de la criminalidad incluye: el crecimiento económico de la ciudad (“hay muchos boliburgueses invirtiendo”), el aumento del tráfico de drogas acompañado de la guerrilla colombiana con su célebre know how en extorsión y secuestro; y las bandas de estados vecinos que han tomado a Barinas como aliviadero. Frente a eso: “Cuerpos de seguridad ineficientes, mal dotados, sin equipos y cómplices. Y alcaldes identificados con las FARC. Tenemos todos los delitos de las zonas fronterizas: asesinatos relacionados con narcotráfico, secuestro, extorsión y robo de vehículos. La incidencia de robos en casas y asaltos es mínima”.

Otra opinión tiene el candidato opositor a la gobernación Rafael Simón Jiménez (fueron infructuosos los intentos por contactar al secretario de estado Argenis Chávez y al alcalde Julio César Reyes), quien afinca en su campaña la promoción de su Plan 100% Seguridad: “Tenemos un promedio de 2 a 3 muertos diarios, con picos de hasta 5. Hay un promedio de 10 carros robados al día. El suroeste del estado está absolutamente tomado por todas las expresiones de la guerrilla. Y se calcula que 1 de cada 3 barineses ha sido visitado por el hampa en sus hogares” .
Edgar Reyes, presidente de la Cámara de Comercio de Barinas, identifica los demonios: “Claro que ha aumentado el delito. El sicariato, el secuestro, el robo. Pero lo puntual en este momento es el secuestro. Tenemos que hacer una cruzada contra la inseguridad para unir a los cuerpos de seguridad con la sociedad civil”. La cámara, de hecho, publicó un comunicado el 28 de septiembre llamando a la reflexión a las autoridades. Y una de sus solicitudes revela el estado de las cosas: piden que se reforme el Código Orgánico Procesal Penal. Lo ven como algo tan fundamental que planifican -dentro de un mes- un paro cívico de 24 horas para reforzar esa petición.

Entre los ganaderos la situación es de temor: “Muchos no van a sus fincas. O por lo menos ya ni se quedan a dormir en ellas. Y me incluyo”, se lamenta Manuel Cipriano Heredia, vicepresidente de Fedenaga: “El año pasado tuvimos en Barinas 31 secuestros. Ya tenemos 19, aunque no sé si entre ayer y hoy hubo otros. Pero no es un problema sólo de los ganaderos. En años anteriores más de 90% de víctimas de los secuestros eran del sector. Hoy bajó a 20%. Esto afecta a todos. Y la prevención no está resultando efectiva”.
La ciudad de Barinas luce tomada por policías y guardias. Pero la sensación que se percibe entre la gente es doblemente angustiante: por el riesgo real que existe. Y porque más de uno, desde taxistas hasta profesionales, parecen estar viendo con alguna simpatía la ilusión de orden de la venenosa receta paramilitar.

ommedina@eluniversal.com
http://www.eluniversal.com/2008/10/05/pol_art_a-balazos-en-barinas_1077993.shtml
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La lectura policial

¿Por qué los números del Plan Barinas Segura son tan distintos a la data extraoficial? La respuesta es sencilla: las cifras que muestra el comandante de la policía de Barinas se refieren sólo a las cuatro parroquias más problemáticas de la ciudad capital, mientras que medios, analistas y víctimas hablan de lo que sucede en toda la región.

El cuerpo comandado por el coronel José Ramón Rivas Rojas analizó el factor delito y encontró que era, justamente, en el municipio Barinas donde más golpeaba. Determinaron, además, que de sus trece parroquias, cuatro eran las más problemáticas: Rómulo Betancourt, Ramón Ignacio Méndez, Corazón de Jesús y Alto Barinas. La primera, con la mayor incidencia: 53 delitos en total para el mes de agosto. Y la última, donde viven las clases medias y altas, la más baja del combo con 37 casos reportados.

“El mayor índice de robos lo tiene Alto Barinas, con 14 casos y con 2 homicidios”, detalla el coronel: “En general, el mayor problema es el robo de vehículos”. Concentrados en este punto, llegaron a algunas conclusiones sobre las horas y las zonas más peligrosas y hasta las preferencias del hampa: los Hyundai modelo Accent, los Ford modelo Fiesta y los camiones Ford Tritón. Las marcas más buscadas son tres: Hyundai, Ford y Chevrolet.

Este asunto lleva a Rivas Rojas a plantear una interrogante: “En un año la venta de ve- hículos en Barinas creció 320%. Aquí hay más de 260 líneas de taxis y es un servicio anarquizado, con líneas no identificadas, líneas que no están formalmente registradas pero que fueron autorizadas por la municipalidad. Calculamos más de 13 mil taxis. Cerca de 70% de los accidentes viales son de taxis. Y el carro que más usan los taxistas es el Hyundai. ¿Qué pasa con cada siniestro de estos? ¿los reparan? ¿y dónde compran los repuestos?”.

Desde su punto de vista el primer mes del plan fue un éxito: el robo de vehículos bajó en 41,5% y el hurto de vehículos lo hizo en 44,4%; con una disminución del total de delitos de 22%. Alentador, pero se trata sólo de 4 parroquias: “Es que no tengo la capacidad para llevar el plan a todo el estado. Por eso nos concentramos en esos lugares”.

Un recorrido por la ciudad muestra la cara más visible del programa: numerosos puntos de control (son 22) en los que participan las policías municipal y estatal junto con la Guardia Nacional. Pero eso, dicen los críticos, no es suficiente. “El delito se ha hecho más sofisticado. Aquí hubo siete secuestros en un solo día”, se queja el candidato Rafael Simón Jiménez: “Eso no se combate con los medios tradicionales. Hay un anquilosamiento de los mecanismos. Aunque puede que sean bienintencionados y los apliquen un poco como fachada en época electoral, no dan resultados. Vemos más policías en la calle, pero tenemos al menos un secuestro diario. Hay que coordinar acciones del Estado con la comunidad bajo el concepto de corresponsabilidad”. Eso, sin embargo, es lo que dicen todos. Incluso está en los planes de la Policía de Barinas junto con un centro de formación y aplicación de nuevas tecnologías. “Sí, lo dicen”, reconoce Jiménez: “Pero ellos tienen 10 años gobernando, ¿por qué no lo han hecho hasta ahora?”.

El Universal, Caracas, 05 de octubre de 2008 
http://www.eluniversal.com/
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